El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, deberá comparecer ante la Cámara de Diputados para explicar el avance de las investigaciones por presuntos actos de corrupción al interior del organismo, en medio de la crisis institucional que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del instituto.
El funcionario entregó un informe a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el que dio cuenta de investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en contrataciones públicas, conflictos de interés, abuso de funciones, presunto desvío de recursos y posibles casos de enriquecimiento ilícito.
La información colocó bajo mayor escrutinio tanto las presuntas irregularidades detectadas en el INE como el desempeño del órgano encargado de fiscalizar sus recursos y determinar posibles responsabilidades administrativas.
De acuerdo con el reporte, el OIC inició 16 expedientes de investigación durante 2025 y 2026, de los cuales 11 están relacionados con contrataciones públicas. Estos procedimientos involucran al menos a 15 personas servidoras y exservidoras públicas, ocho particulares y 18 empresas.
A estas indagatorias se suman otras 25 investigaciones derivadas de seis auditorías y ocho revisiones de control, lo que amplía el alcance de las pesquisas sobre posibles irregularidades administrativas y financieras dentro del instituto.
Cuestionan actuación del órgano fiscalizador
La presentación del informe abrió nuevos cuestionamientos sobre la oportunidad con la que actuó Carvente, debido a que parte de las investigaciones se relaciona con presuntas anomalías que han cobrado relevancia tras el escándalo en torno a la gestión de Taddei.
Entre los aspectos bajo revisión se encuentran posibles simulaciones en procedimientos de contratación, ocultamiento de conflictos de interés, aplicación irregular de recursos públicos y deficiencias en la supervisión de bienes y servicios que pudieron ocasionar afectaciones patrimoniales.
El informe también refiere inconsistencias en la documentación fiscal y de seguridad social presentada por una empresa participante en una licitación, así como diferencias de precios y criterios entre adquisiciones del INE y las realizadas por los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Además, el órgano de control notificó 45 cédulas de observaciones preliminares derivadas de auditorías practicadas a distintas áreas administrativas del instituto.
Sin embargo, la difusión de estos datos no ha despejado las dudas sobre los tiempos de actuación del OIC, la evolución de los expedientes ni las razones por las que los resultados de las investigaciones no habían adquirido mayor visibilidad pública antes de que estallara la controversia.
Comparecencia ante diputados
La Jucopo acordó citar a Carvente para que explique ante legisladores el estado de las investigaciones, las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos y los procedimientos relacionados con presuntos conflictos de interés.
La comparecencia está prevista ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y, a puerta cerrada, ante los coordinadores parlamentarios. Al momento de los reportes, la fecha todavía estaba pendiente de definición.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que buscaría que la comparecencia se realizara durante esa misma semana, con el propósito de que el funcionario respondiera a los cuestionamientos sobre el trabajo del órgano fiscalizador.
Antecedentes que aumentan el escrutinio
Carvente fue designado titular del OIC en diciembre de 2024 por la Cámara de Diputados, con el respaldo de la mayoría legislativa de Morena. Su nombramiento generó controversia y, posteriormente, su actuación fue cuestionada por el seguimiento de procedimientos administrativos relacionados con decisiones adoptadas por consejerías electorales en años anteriores.
Entre esos antecedentes se encuentra el procedimiento iniciado contra consejeros que en 2021 votaron por suspender la organización de la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a restricciones presupuestales.
Estos antecedentes han alimentado las preguntas sobre la independencia y los criterios de actuación del órgano de control, aunque por sí mismos no acreditan responsabilidad del funcionario en las irregularidades que actualmente se investigan.
Por otra parte, el informe reporta que desde enero de 2025 se impusieron 20 sanciones administrativas, incluidas 19 inhabilitaciones a personas servidoras públicas, exservidoras públicas y particulares. También se registraron sanciones económicas acumuladas por aproximadamente 1.6 millones de pesos.
La comparecencia de Carvente será una oportunidad para conocer el estado de las pesquisas y los criterios utilizados para determinar posibles responsabilidades. Hasta ahora, las investigaciones no equivalen a sentencias ni permiten dar por probada la comisión de delitos por parte de las personas o empresas mencionadas.
El caso mantiene la atención sobre los mecanismos de vigilancia del INE y sobre la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades, garantizar el debido proceso y transparentar los resultados de las investigaciones.

