Sheinbaum y Maru Campos reconocen enfrentamiento por agentes de la CIA

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La presidenta y la gobernadora de Chihuahua sostuvieron una reunión marcada por reclamos mutuos sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico. El caso derivó en investigaciones contra el exfiscal César Jáuregui.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reconocieron públicamente que sostuvieron una discusión durante un encuentro privado en Ciudad Juárez, en medio de las diferencias por la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo de seguridad realizado en territorio mexicano.

La mandataria estatal fue quien dio a conocer los detalles de la reunión, que describió como un encuentro tenso, con reclamos mutuos y momentos en los que ambas elevaron la voz. Posteriormente, Sheinbaum confirmó que la conversación fue ríspida y ofreció su propia versión de los desacuerdos.

El encuentro ocurrió el 19 de septiembre en el aeropuerto de Ciudad Juárez, aunque los detalles trascendieron públicamente hasta este viernes 23 de octubre, cuando Campos habló sobre lo sucedido en entrevistas con medios de comunicación.

“Las dos levantamos la voz”, reconoce Sheinbaum

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum explicó que la conversación comenzó con reclamos de la gobernadora, quien cuestionó las acciones del Gobierno federal en torno al caso de los agentes estadounidenses.

“Ella inició la conversación reclamándome, levantamos las dos la voz en algún momento”, relató la presidenta al describir el intercambio.

Según la versión de Sheinbaum, uno de los principales puntos de desacuerdo fue la participación de los agentes extranjeros en un operativo contra un presunto laboratorio de drogas en la Sierra Tarahumara, sin que existiera autorización del Gobierno federal.

La presidenta sostuvo que la presencia de funcionarios extranjeros en tareas de seguridad debe ajustarse a la legislación mexicana y que corresponde a las autoridades competentes investigar cómo ingresaron al operativo y quién permitió su participación.

Sheinbaum también afirmó que durante la conversación preguntó a Campos por qué la Fiscalía estatal no había actuado ante presuntas irregularidades relacionadas con el caso. La mandataria federal señaló que la investigación debe continuar y que no le corresponde exonerar a ninguna persona involucrada.

Maru Campos describe una reunión llena de reproches

La gobernadora de Chihuahua calificó el encuentro como una conversación “muy fuerte, muy tensa”, en la que ambas funcionarias intercambiaron reclamos durante varios minutos.

De acuerdo con Campos, la discusión se prolongó alrededor de una hora, aunque el momento de mayor tensión, cuando ambas elevaron la voz, duró entre ocho y diez minutos.

La mandataria estatal sostuvo que Sheinbaum le reclamó por la participación de agentes estadounidenses en el operativo y por declaraciones públicas que había realizado anteriormente sobre el Gobierno federal.

Campos, por su parte, cuestionó la respuesta de las autoridades federales ante la violencia en Chihuahua y reclamó mayor respaldo para atender la situación de seguridad en la Sierra Tarahumara.

La gobernadora también negó que exista un acuerdo político con la presidenta para resolver el caso y defendió su postura frente a las investigaciones relacionadas con la presencia de los agentes de la CIA. Sus declaraciones se produjeron en medio de la controversia por la situación jurídica del exfiscal César Jáuregui Moreno.

El origen del conflicto: agentes de la CIA en Chihuahua

La confrontación entre ambas mandatarias tiene como antecedente un operativo contra un presunto narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara.

El caso cobró relevancia después de que se conociera que dos de los funcionarios estadounidenses que participaron en los acontecimientos eran agentes de la CIA. Ambos murieron el 19 de abril en un accidente vehicular en el que también fallecieron dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua.

Los agentes estadounidenses fueron identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black. Su presencia en el operativo abrió cuestionamientos sobre la participación de personal extranjero en acciones de seguridad dentro de México y sobre los procedimientos que permitieron su intervención.

Las primeras explicaciones de las autoridades estatales sobre la presencia de los estadounidenses fueron objeto de cuestionamientos durante las investigaciones posteriores.

El Gobierno federal ha insistido en que la participación de agentes extranjeros debe apegarse a la legislación nacional y que es necesario esclarecer las responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en el operativo.

César Jáuregui, en el centro de las investigaciones

La controversia también alcanzó al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien enfrenta investigaciones relacionadas con la participación de los agentes estadounidenses.

Jáuregui ha negado haber autorizado o consentido la intervención de los funcionarios extranjeros en el operativo. Durante una comparecencia judicial, sostuvo que la investigación no demuestra que él haya dado una orden para permitir su participación.

El exfuncionario también cuestionó el trasfondo del procedimiento y afirmó que, a su juicio, el caso tiene implicaciones políticas.

Su situación jurídica se complicó después de que, tras una audiencia ante un juez estatal, agentes federales ejecutaran una nueva orden de aprehensión en su contra. Posteriormente fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Las acusaciones contra Jáuregui forman parte de un procedimiento en curso y sus señalamientos sobre una posible persecución política corresponden a su postura de defensa; no constituyen por sí mismos una resolución judicial sobre el fondo del caso.

Acusaciones políticas y diferencias entre los gobiernos

Durante la reunión, de acuerdo con las versiones difundidas, también se abordaron las diferencias entre ambas mandatarias por sus declaraciones públicas y por la relación entre el Gobierno federal y la administración de Chihuahua.

Campos afirmó que hizo señalamientos contra Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, esas acusaciones no deben considerarse hechos acreditados sin pruebas verificables y una investigación que las sustente.

Sheinbaum respondió que, si existen elementos que respalden esas afirmaciones, deben presentarse ante las autoridades correspondientes.

La discusión refleja las diferencias entre ambas administraciones sobre la seguridad en Chihuahua, la actuación de las autoridades estatales y federales y los límites de la cooperación con agencias estadounidenses.

Por ahora, las investigaciones sobre la presencia de agentes de la CIA y las presuntas responsabilidades de funcionarios mexicanos continúan siendo el punto central de una controversia que también ha tensado la relación política entre la Presidencia y el gobierno de Chihuahua.

El desarrollo del caso dependerá de los resultados de las investigaciones y de las determinaciones de las autoridades judiciales competentes.

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