Tres millones de pesos destinados a fortalecer la protección de mujeres en situación de riesgo de violencia habrían quedado fuera del alcance de San Pedro Tlaquepaque por una presunta omisión administrativa en el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM). Ante estos hechos, la exdiputada de Movimiento Ciudadano, Celenia Contreras González, presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento para exigir que se investigue a la titular del organismo y a los servidores públicos que pudieran resultar responsables.
La denuncia señala como posible causa la falta de renovación oportuna de la firma electrónica avanzada (e.firma) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), requisito relacionado con la documentación fiscal necesaria para acceder al subsidio estatal. De confirmarse que esa omisión impidió cumplir con los requisitos de la convocatoria, el municipio habría perdido recursos destinados al programa Pulso de Vida, orientado a reforzar la seguridad y atención de mujeres, adolescentes y niñas expuestas a violencia en espacios públicos y transporte del Área Metropolitana de Guadalajara.
Contreras sostuvo que el requisito no era desconocido ni de última hora: los lineamientos de operación de la estrategia se publicaron el 28 de abril de 2026 e incluían la presentación de una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT. Por ello, pidió esclarecer por qué no se habría atendido oportunamente un trámite indispensable para participar en el proceso.
La exlegisladora solicitó determinar cuándo venció la e.firma, quién tenía la responsabilidad de renovarla, qué funcionarios conocían la situación, si hubo avisos previos y qué gestiones se realizaron para resolver el problema. También pidió establecer si existe una relación directa entre la presunta omisión y la pérdida de los tres millones de pesos, así como verificar si hubo otras razones por las que el proyecto pudo no haber sido aprobado.
Para ello, pidió al Órgano Interno de Control requerir información al Instituto y al SAT, obtener el expediente completo presentado ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, revisar comunicaciones internas y registros de vencimiento, y examinar las actas de la Junta de Gobierno del organismo municipal.
La denuncia no acredita por sí misma una falta administrativa ni determina que la titular del IMM sea responsable. Su propósito, de acuerdo con Contreras, es que se investiguen los hechos, se establezca si hubo negligencia y, en su caso, se deslinden responsabilidades conforme a derecho.
El señalamiento, sin embargo, pone bajo escrutinio la gestión de recursos públicos destinados a la seguridad de las mujeres. Si se confirma que un requisito administrativo incumplido impidió acceder al subsidio, el caso exhibiría una falla de gestión con consecuencias concretas para un programa de protección.
La investigación deberá responder una pregunta central: ¿Tlaquepaque perdió tres millones de pesos para proteger a mujeres porque un trámite fiscal no se atendió a tiempo? La respuesta determinará si hubo una omisión atribuible a servidores públicos o si existieron otros factores que explican la pérdida del financiamiento.
@JErnestoMadrid
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