El gobierno federal investiga posibles irregularidades en el operativo que derivó en el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, presentado inicialmente como uno de los mayores decomisos de huachicol de la actual administración.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este viernes que Juan Francisco Vera Ayala, quien se desempeñaba como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, fue separado de su cargo en medio de la revisión del procedimiento.
Durante la conferencia matutina, Harfuch explicó que el funcionario no verificó personalmente todo el combustible que posteriormente fue reportado como ilegal, por lo que la FGR inició una revisión del caso para establecer con precisión qué ocurrió.
La investigación cobra relevancia debido a que la cifra de 59 millones de litros fue difundida inicialmente como un aseguramiento histórico de combustible presuntamente ilícito en una terminal ubicada en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide.
¿Qué pasó con los 59 millones de litros?
El operativo fue anunciado el 17 de septiembre por autoridades federales y estatales. En ese momento se informó que habían sido asegurados más de 59 millones de litros de hidrocarburos, además de tanques de almacenamiento y vehículos.
Sin embargo, posteriormente surgieron dudas sobre la legalidad del combustible almacenado.
La empresa Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA, sostuvo que contaba con permisos para almacenar hidrocarburos y aseguró que el combustible pertenecía a clientes que operaban legalmente. La compañía también señaló que había entregado documentación a las autoridades para acreditar el origen y la legalidad del producto.
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada atrajo el caso y comenzó a revisar la documentación relacionada con el combustible.
Fuentes de la FGR citadas por medios nacionales señalaron que todo apunta a que los 59 millones de litros podrían no corresponder a huachicol fiscal, aunque la investigación continúa y las autoridades todavía deben establecer de manera formal la situación jurídica del combustible.
Harfuch reconoce fallas en el procedimiento
La salida de Vera Ayala se produce precisamente mientras la Fiscalía revisa las actuaciones realizadas durante el operativo.
Harfuch señaló que el funcionario informó sobre el aseguramiento sin haber verificado completamente el combustible, una situación que generó cuestionamientos sobre cómo se determinó inicialmente que los 59 millones de litros correspondían a producto ilegal.
El caso también ha generado dudas sobre la coordinación y comunicación entre las autoridades federales y estatales que participaron en el operativo.
Hasta ahora, la investigación deberá determinar si se trató de un error en la identificación y cuantificación del combustible, si existieron irregularidades administrativas o si hubo alguna conducta que pudiera derivar en responsabilidades legales.
Por el momento, no se ha establecido que el exdelegado haya cometido un delito, y cualquier responsabilidad deberá determinarse a partir de las investigaciones correspondientes.
El episodio coloca nuevamente bajo escrutinio el combate al llamado huachicol fiscal y los procedimientos utilizados por las autoridades para identificar, asegurar y acreditar como ilegal el combustible decomisado.
