Hay días en que la realidad política mexicana parece escrita por un guionista con demasiado sentido del humor.
La Fiscalía General de la República no logra localizar al almirante Rafael Ojeda Durán para que comparezca como testigo en el juicio contra su sobrino político, Fernando Farías Laguna. Pero la Secretaría de Marina sí sabe dónde está: sigue “en activo” como asesor del secretario en turno.
No está escondido, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Tampoco está bajo investigación. Y, según la explicación presidencial, como fue llamado a declarar como testigo, él decidirá si declara, si no declara y cómo declara.
Aquí aparece ese pequeño detalle llamado ley.
Porque una cosa es que Ojeda no tenga una acusación penal —y no existe información pública que demuestre que la tenga— y otra muy distinta que un testigo debidamente citado pueda simplemente decidir si comparece. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación del testigo de acudir cuando es citado y contempla incluso la posibilidad de hacerlo comparecer mediante la fuerza pública cuando, estando debidamente notificado, no se presenta sin causa justificada.
La pregunta, entonces, no es si Ojeda es culpable. La pregunta es mucho más sencilla: ¿fue citado legalmente y, si lo fue, por qué no compareció?
Porque mientras la FGR dice que no pudo localizarlo, Marina informa que el exsecretario continúa activo como asesor honorario del actual secretario y conserva la remuneración correspondiente a su grado de almirante, cercana a 150 mil pesos mensuales.
Es decir: para una institución federal parece ser localizable; para otra, no tanto. La burocracia mexicana ha conseguido, una vez más, hacer realidad lo imposible: tener a una persona dentro del organigrama y fuera del radar.
Y todavía falta la parte patrimonial.
La declaración de Ojeda estuvo reservada hasta 2030. Después de que EL UNIVERSAL reveló esa reserva, la información fue desclasificada. Aparecen ingresos netos anuales superiores a dos millones de pesos y dos créditos hipotecarios contratados en 2020 por alrededor de 6.3 millones de pesos, aunque en la declaración no aparecen inmuebles registrados.
Nada de eso constituye, por sí mismo, un delito. Pero sí constituye una pregunta. Y conviene recordar algo elemental: preguntar no es acusar. Investigar no es condenar. Transparentar no es perseguir.
El problema aparece cuando un gobierno que construyó buena parte de su identidad política alrededor de la honestidad y la transparencia termina obligado a explicar sus decisiones después de que los periodistas descubren lo que las instituciones no habían explicado.
Y todo esto ocurre mientras Washington eleva la presión sobre México.
Donald Trump reclama acciones contra funcionarios que, según su gobierno, hayan protegido o colaborado con organizaciones criminales. Sheinbaum responde que México no necesita que lo juzguen desde afuera y exige a Estados Unidos hacer su parte frente al consumo de drogas, el lavado de dinero y el tráfico de armas.
Tiene lógica defender la soberanía. Pero la soberanía tiene una pequeña incomodidad: también obliga a poner orden en casa. Si Estados Unidos tiene información sobre funcionarios mexicanos, que la presente por los canales correspondientes. Si México tiene pruebas, que investigue. Si no las tiene, que lo diga.
Y si un exsecretario de Estado es llamado como testigo, que se explique con precisión quién lo citó, cómo fue notificado y por qué no compareció.
Lo que no parece sostenible es que desde Washington se reclame a México que investigue a los suyos mientras aquí las instituciones se tropiezan entre ellas para explicar dónde está uno de los hombres que durante seis años estuvo al frente de la Marina.
La transformación prometió cambiar las reglas. Pues bien: ésta es una buena oportunidad para demostrarlo. Porque la verdadera prueba de la transparencia no está en los discursos de Palacio Nacional.
Está cuando el expediente llega hasta la puerta de los poderosos. Y entonces sólo hay dos caminos: abrirla o explicar por qué permanece cerrada.
@JErnestoMadrid
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