El dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno, enfrenta nuevamente un escenario de presión política y judicial luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche solicitara retirar su fuero constitucional para que pueda ser investigado por presuntos delitos cometidos durante su gestión como gobernador de la entidad.
La petición está relacionada con un probable desvío de 83.5 millones de pesos, así como con señalamientos por uso indebido de atribuciones y peculado durante el periodo en que Moreno gobernó Campeche, entre 2015 y 2019.
El procedimiento coloca nuevamente al líder priista en la mira de la Cámara de Diputados, donde la Sección Instructora deberá analizar la solicitud de juicio de procedencia. El objetivo del desafuero es retirar la inmunidad procesal que Moreno tiene como senador para que las autoridades puedan avanzar en las investigaciones penales.
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De acuerdo con la información disponible sobre el expediente, la Fiscalía de Campeche mantiene cuatro carpetas de investigación relacionadas con presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Moreno. Entre los señalamientos se encuentran operaciones que habrían generado un daño al erario por 83.5 millones de pesos.
El caso no es nuevo. En 2022, la Fiscalía General de Campeche ya había presentado una solicitud de desafuero contra Moreno por una investigación relacionada con presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, aquella petición no prosperó y posteriormente surgió una nueva solicitud, ahora vinculada con el supuesto desvío de recursos públicos durante su administración estatal.
Morena aumenta la presión
La reactivación del expediente ocurre en un momento de fuerte confrontación entre Morena y el PRI. El dirigente priista se ha convertido en uno de los principales críticos del gobierno y ha acusado al partido oficial de utilizar las instituciones para perseguir a sus adversarios políticos.
Moreno, por su parte, ha calificado el procedimiento como una persecución política y ha rechazado los señalamientos en su contra. El priista sostiene que existen resoluciones judiciales y amparos relacionados con algunas de las acusaciones que se han presentado en su contra.
La disputa también ha escalado al ámbito legislativo. En agosto de 2025, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados señaló que analizaba los elementos contenidos en las carpetas de investigación y que el expediente relacionado con presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público se encontraba avanzado.
El proceso, sin embargo, no implica que Moreno haya sido declarado culpable. El eventual desafuero únicamente permitiría que la Fiscalía pueda proceder penalmente contra el senador sin la protección que le otorga su fuero constitucional; correspondería posteriormente a las autoridades judiciales determinar si existen responsabilidades.
Con el expediente nuevamente sobre la mesa, Alejandro Moreno queda bajo una presión política considerable, mientras Morena busca avanzar con un procedimiento que podría convertirse en uno de los principales choques entre el partido gobernante y la oposición en el Congreso.
