La Secretaría Anticorrupción identificó empresas que durante casi tres décadas participaron en contrataciones de material electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior de la Federación investigar posibles irregularidades y revisar el crecimiento de las adjudicaciones durante la gestión de Lorenzo Córdova en el INE.
Una presunta red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas acumuló contratos por aproximadamente 2 mil 740.4 millones de pesos en organismos electorales entre 2015 y 2025, de acuerdo con una investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, expuso los resultados de una revisión de registros públicos de contrataciones y documentos históricos de CompraNet, en la que se identificó la participación de compañías relacionadas con los empresarios en adquisiciones de material electoral en distintas entidades del país.
La investigación apunta a una posible estructura de colusión entre proveedores para simular competencia en los procesos de contratación. Según la funcionaria, empresas vinculadas entre sí habrían participado en las mismas licitaciones con acuerdos previos sobre quién recibiría los contratos y los precios que presentarían.
El tema fue abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) actuar de manera más proactiva y revisar las contrataciones, tanto de administraciones recientes como de años anteriores.
La mandataria sostuvo que las presuntas irregularidades no comenzaron durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que tienen antecedentes de varias décadas y que la red empresarial se fortaleció durante el periodo de Lorenzo Córdova.
Contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos
De acuerdo con los datos presentados por Buenrostro, entre 2015 y 2023, periodo que coincidió con la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) otorgaron contratos a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos.
Posteriormente, entre 2024 y 2025, las compañías continuaron obteniendo adjudicaciones, aunque el número de organismos involucrados se redujo a 15. En ese periodo, los contratos identificados sumaron alrededor de 646.3 millones de pesos.
La suma de ambos periodos representa aproximadamente 2 mil 740.4 millones de pesos en contrataciones.
Entre las empresas mencionadas en la investigación se encuentran:
- Cajas Graf.
- Formas Finas y Materiales.
- Seriplast de México.
- Corporativo ZEG.
- Formas Finas Fernando Fernández.
- Comercializadora JVLY.
La dependencia señaló que las compañías participaron en distintas adquisiciones de materiales y servicios relacionados con los procesos electorales locales.
Una red con antecedentes desde los años noventa
La investigación presentada por el Gobierno federal reconstruye los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas desde su paso por dependencias de la administración pública durante la década de 1980.
Según la exposición de Raquel Buenrostro, José Alfredo y Raymundo trabajaron en áreas relacionadas con el Registro Nacional de Población y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Posteriormente, comenzaron a desarrollar actividades empresariales y a participar en contrataciones de material electoral.
Uno de los antecedentes identificados se remonta a 1997, mientras que en 1999 Cartonera Plástica, empresa vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, comenzó a participar como proveedora de material electoral en el Estado de México.
En 2005 se registró otro episodio relacionado con un contrato de los empresarios en esa entidad, que derivó en denuncias de irregularidades y en la renuncia de siete consejeros electorales estatales.
A partir de 2012 y 2013, los hermanos diversificaron sus actividades mediante la creación y participación de nuevas compañías, ampliando su presencia en diferentes organismos electorales del país.
El señalamiento sobre la simulación de competencia
Uno de los aspectos centrales de la investigación es el presunto mecanismo utilizado para obtener las adjudicaciones.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, distintas empresas relacionadas entre sí habrían participado en los mismos procedimientos de contratación para aparentar que existía competencia entre proveedores independientes.
Sin embargo, la hipótesis de las autoridades es que los participantes presuntamente acordaban previamente quién sería el beneficiario del contrato y las condiciones económicas de las propuestas.
Este esquema habría permitido que un mismo grupo empresarial concentrara adjudicaciones de material electoral en distintos estados.
La dependencia señaló que sus resultados son preliminares y que los montos podrían modificarse conforme avance la revisión de los expedientes y se obtenga información adicional de las instituciones involucradas.
Sheinbaum pide investigar también la gestión de Córdova
Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum insistió en que la revisión debe abarcar todo el historial de contrataciones y no limitarse a la administración actual del INE.
La presidenta pidió a la Auditoría Superior de la Federación investigar el origen de las adjudicaciones, identificar posibles responsabilidades y revisar por qué las mismas empresas habrían mantenido presencia durante tantos años en el mercado de materiales electorales.
También señaló que la existencia de contratos y posibles irregularidades debe ser examinada por las autoridades competentes, sin excluir a funcionarios o exfuncionarios que pudieran haber participado.
La ASF tendrá que determinar si existen faltas administrativas o responsabilidades que ameriten procedimientos adicionales. En su caso, las investigaciones podrían involucrar a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera.

