La nueva regla de “carga pública” entra en vigor este viernes en Estados Unidos y amplía la facultad de los funcionarios migratorios para considerar determinados beneficios públicos al evaluar solicitudes de residencia permanente.
La administración de Donald Trump pone en marcha este viernes una nueva política migratoria que modifica la forma en que las autoridades estadounidenses evaluarán si determinados inmigrantes pueden obtener la residencia permanente, conocida como Green Card.
La medida, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), rescinde las reglas establecidas durante la administración de Joe Biden en 2022 y devuelve a los funcionarios migratorios una mayor capacidad para analizar, caso por caso, si una persona podría convertirse en una llamada “carga pública”.
La nueva regulación entra en vigor el 18 de septiembre de 2026 y se aplicará a determinadas solicitudes de ajuste de estatus presentadas a partir de esa fecha, así como a solicitudes de admisión correspondientes.
¿Qué cambia con la nueva regla de Trump?
Uno de los principales cambios es que los funcionarios de USCIS podrán considerar una gama más amplia de beneficios públicos al analizar una solicitud de residencia permanente.
Entre los programas que podrán formar parte de la evaluación están Medicaid, SNAP —los cupones o asistencia alimentaria— y determinados programas de vivienda, además de otros beneficios sujetos a comprobación de ingresos.
La nueva regulación no establece que recibir automáticamente uno de estos beneficios provoque el rechazo de una Green Card.
En cambio, USCIS señala que los funcionarios deberán valorar el conjunto de las circunstancias de cada solicitante.
Entre los elementos que pueden ser considerados están:
- Edad.
- Estado de salud.
- Situación familiar.
- Activos y recursos económicos.
- Situación financiera.
- Educación.
- Habilidades laborales.
- Empleo y perspectivas laborales.
- Recencia, duración y frecuencia en el uso de determinados beneficios públicos.
Por ello, recibir Medicaid o SNAP no significa por sí solo que una persona perderá automáticamente la posibilidad de obtener una Green Card. La propia norma establece que estos beneficios son un elemento dentro de una evaluación más amplia.
¿Qué beneficios podrían ser considerados?
La nueva política amplía considerablemente el universo de programas que pueden ser tomados en cuenta.
Entre ellos aparecen:
Medicaid: programas de atención médica sujetos a comprobación de recursos.
SNAP: asistencia alimentaria para personas y familias de bajos ingresos.
Programas de vivienda: determinadas ayudas públicas o subsidios habitacionales sujetos a comprobación de ingresos.
También pueden entrar en la evaluación otros programas de asistencia sujetos a requisitos económicos. La regulación elimina las exclusiones específicas que establecía la norma de 2022.
¿Y si los beneficios los reciben los hijos?
Este es uno de los puntos que puede generar dudas en las familias inmigrantes.
La regulación señala que los beneficios recibidos directamente por familiares no se consideran automáticamente como beneficios recibidos por el solicitante.
Sin embargo, USCIS puede considerar determinadas circunstancias financieras de la familia. Por ejemplo, si el ingreso del solicitante es el factor que determina que un familiar pueda recibir un beneficio o si ese beneficio constituye una fuente de apoyo económico para el solicitante.
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Esto resulta especialmente relevante para las llamadas familias de estatus migratorio mixto, en las que algunos integrantes son ciudadanos estadounidenses y otros no.
La regla no prohíbe solicitar las ayudas
Un punto importante es que la nueva regulación no elimina la posibilidad de que una persona elegible solicite o reciba los programas de asistencia pública.
El propio DHS señala que la norma no modifica la elegibilidad para SNAP, Medicaid, vivienda u otros programas.
Lo que cambia es que, en determinados procedimientos migratorios, el uso o solicitud de beneficios sujetos a comprobación de ingresos podrá ser considerado por los funcionarios dentro de la evaluación de “carga pública”.
La nueva política enfrenta demandas
La entrada en vigor de la regla ocurre mientras estados, ciudades y organizaciones cuestionan la medida ante los tribunales.
Nueva York y otros estados y gobiernos locales presentaron demandas para intentar bloquear la regulación. Los demandantes argumentan que la medida puede generar incertidumbre y desalentar a familias inmigrantes de utilizar beneficios para los que legalmente son elegibles.
La administración Trump, por su parte, sostiene que la modificación busca recuperar una interpretación más amplia de la legislación migratoria y reforzar el principio de autosuficiencia económica de los inmigrantes.
¿A quiénes puede afectar?
La medida está dirigida a personas que se encuentran sujetas al requisito de “carga pública” y que buscan determinados beneficios migratorios, particularmente la residencia permanente mediante un proceso de ajuste de estatus.
No significa que todos los inmigrantes que reciben ayuda pública estén en riesgo de perder su estatus migratorio.
La nueva regla se centra en las evaluaciones de inadmisibilidad relacionadas con determinadas solicitudes de inmigración y no convierte automáticamente el uso de un programa público en una causa de deportación.
Además, existen categorías migratorias a las que las leyes estadounidenses pueden otorgar excepciones respecto al requisito de carga pública. USCIS mantiene información específica sobre las categorías sujetas y exentas.
Una nueva etapa para las solicitudes de Green Card
Con la entrada en vigor de la regulación, los solicitantes deberán enfrentar un proceso en el que los funcionarios tendrán mayor margen para analizar su situación económica y el uso de determinados beneficios públicos.
La medida representa otro cambio importante en la política migratoria de la administración Trump y podría tener consecuencias prácticas para familias que dependen de programas de salud, alimentación o vivienda mientras realizan sus trámites migratorios.
Por ahora, el alcance definitivo de la política también dependerá de las demandas que se encuentran en los tribunales y de las decisiones judiciales que puedan modificar o suspender su aplicación.
