• Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que los nuevos lineamientos sólo fortalecen los derechos de las audiencias y la transparencia, especialistas, juristas y periodistas advierten que la concentración institucional y la ambigüedad de algunos conceptos abren un debate legítimo sobre los límites entre la regulación y el control de la información.
La discusión sobre los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias dejó de ser un debate estrictamente técnico para convertirse en una prueba de confianza entre el gobierno y los medios de comunicación. El problema ya no radica únicamente en el contenido del anteproyecto de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, sino en el contexto político en el que aparece un país donde durante el sexenio anterior la confrontación cotidiana con periodistas y medios críticos se convirtió en una política permanente de comunicación desde el poder.
La defensa oficial ha sido contundente. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, sostiene que los lineamientos no facultan al Estado para decidir qué es verdad o mentira, niega cualquier intención de censura y acusa una campaña de desinformación. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que el modelo privilegia la autorregulación, el derecho de réplica y la publicación de códigos de ética por encima de cualquier mecanismo sancionador directo.
En términos estrictamente jurídicos, el gobierno tiene razón en un punto: el proyecto no establece expresamente un sistema de censura previa. Sin embargo, la preocupación expresada por especialistas no se centra en lo que dice literalmente el documento, sino en los efectos que podrían derivarse de conceptos abiertos como “veracidad”, “contexto” o “desinformación”, cuya interpretación podría terminar dependiendo de una autoridad administrativa. Ahí aparece el principal foco de incertidumbre.
La advertencia del exprocurador Ignacio Morales Lechuga apunta precisamente hacia ese terreno. Su argumento no es que el Estado vaya a censurar de inmediato, sino que la regulación administrativa puede terminar desplazando al Poder Legislativo y crear mecanismos donde la autoridad se convierta, de facto, en árbitro de la información pública. Su referencia a experiencias internacionales y al progresivo debilitamiento de los contrapesos institucionales plantea un debate constitucional que merece atención, independientemente de la posición política desde la que se observe.
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A ello se suma otro elemento que explica el escepticismo de buena parte del gremio periodístico: los antecedentes. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la narrativa de los “otros datos”, las descalificaciones sistemáticas a periodistas críticos y la utilización de las conferencias matutinas como espacios de confrontación dejaron una profunda fractura en la relación entre el poder y los medios. Ese contexto convierte cualquier intento de regulación sobre contenidos informativos en un asunto especialmente sensible, aunque el texto normativo no establezca expresamente mecanismos de censura.
Las revelaciones periodísticas sobre una eventual estrategia jurídica para respaldar demandas por daño moral contra comunicadores críticos, difundidas por Raymundo Riva Palacio, tampoco constituyen prueba de una política de Estado, pero sí alimentan la percepción de un ambiente de presión sobre determinados periodistas. En materia de libertad de expresión, la confianza institucional no depende únicamente de las normas, sino también del comportamiento previo del poder público.
Paradójicamente, el mismo día en que el gobierno defendía los lineamientos de audiencias, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que fortalece la transparencia gubernamental mediante la publicación mensual de contratos federales, mayor apertura sobre Pemex, CFE, auditorías y fiscalización. Se trata de una decisión que, en principio, amplía el acceso a la información pública y representa un avance relevante para la rendición de cuentas.
Sin embargo, ese mensaje de apertura convive con otra realidad institucional: tras la desaparición del INAI, las funciones de transparencia quedaron concentradas en una dependencia del propio Poder Ejecutivo. Aunque el gobierno asegura que ello garantiza mayor eficiencia y menores costos, la concentración de facultades vuelve inevitable la pregunta sobre quién vigilará al gobierno cuando el órgano garante depende del mismo gobierno.
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La discusión de fondo, por tanto, no debería reducirse a la dicotomía entre censura o libertad absoluta. El verdadero desafío consiste en garantizar simultáneamente tres principios democráticos: el derecho ciudadano a recibir información veraz, la independencia editorial de los medios y la existencia de instituciones suficientemente autónomas para evitar que cualquier gobierno —el actual o los futuros— pueda convertirse en juez de la verdad pública.
En democracia, las leyes deben evaluarse no sólo por las intenciones que declaran, sino por las facultades que crean y los precedentes que pueden establecer. La transparencia fortalece al Estado cuando amplía el escrutinio ciudadano; la regulación de las audiencias también puede hacerlo si protege derechos sin invadir la libertad editorial. La diferencia entre una y otra dependerá, finalmente, de la fortaleza de los contrapesos institucionales y de la confianza que el propio gobierno sea capaz de construir con sus hechos, no únicamente con su discurso.
