• Mientras Claudia Sheinbaum reivindica la soberanía nacional, el crecimiento del huachicol industrial, el deterioro de la percepción en seguridad y la presión política de Washington alimentan el discurso de quienes sostienen que México ha perdido capacidad para contener al crimen organizado.
Donald Trump volvió a colocar a México en el centro de su estrategia política. No emitió un comunicado oficial ni lanzó una amenaza directa; simplemente compartió en Truth Social la columna “El problema de México”, de Bill O’Reilly, uno de los referentes del conservadurismo estadounidense.
El mensaje es contundente: “México no es amigo de Estados Unidos. Su gobierno ha sido corrupto durante décadas, lo que ha provocado un aumento de los asesinatos y del narcotráfico internacional”. En el mismo texto califica a Claudia Sheinbaum como una presidenta “socialista”, afirma que está bajo una fuerte presión de Washington para permitir una mayor participación estadounidense contra los cárteles y la acusa de seguir poniendo excusas en lugar de enfrentar el problema.
Las afirmaciones responden a una visión ideológica propia del ala conservadora estadounidense, donde el calificativo de “socialista” se utiliza para ubicar al gobierno mexicano dentro del bloque de administraciones latinoamericanas identificadas con la izquierda. Esa narrativa cobra fuerza en un momento en que buena parte de América Latina experimenta un reacomodo político hacia opciones de derecha y centroderecha y en el que la seguridad se ha convertido en el principal eje de la política exterior de Donald Trump.
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La respuesta de Claudia Sheinbaum fue inmediata: “México es amigo de todo el mundo” y “nadie viene del extranjero a decirnos cómo debe funcionar nuestro país”. Morena reforzó esa postura al recordar que el narcotráfico también se explica por la demanda de drogas en Estados Unidos, el tráfico ilegal de armas hacia México y el lavado de dinero que ocurre al otro lado de la frontera. El argumento es sólido y describe una responsabilidad compartida que ningún análisis serio puede ignorar.
Sin embargo, la discusión deja de ser únicamente diplomática cuando los hechos empiezan a erosionar el discurso.
El reciente aseguramiento en Reynosa, Tamaulipas, de un complejo clandestino donde fueron decomisados 3 millones 769 mil litros de hidrocarburos, ubicado a apenas 1.5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional, confirma que el huachicol dejó de ser el robo artesanal de combustible. Hoy las organizaciones criminales operan centros capaces de procesar diésel y gasolinas mediante infraestructura industrial.
La investigación publicada por El Universal documenta que esta transformación comenzó al menos desde 2022 en el gobierno del expresidente López Obrador. Los aseguramientos en Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas muestran que los grupos criminales evolucionaron hacia un modelo de producción industrial. Incluso revela que este tipo de plantas puede adquirirse legalmente en plataformas internacionales de comercio electrónico, con precios que van de 2 mil 500 a 700 mil dólares, aprovechando vacíos regulatorios en la Ley de Hidrocarburos. El crimen organizado ya no sólo roba combustible; ahora lo procesa, lo distribuye y lo comercializa con lógica empresarial.
Paradójicamente, el debate oficial terminó concentrándose en la terminología. La presidenta aclaró que no eran “refinerías”, sino “centros de procesamiento”. Pero el problema nunca fue el nombre de las instalaciones, sino el hecho de que el crimen organizado alcanzó un nivel de sofisticación técnica e industrial que hace apenas unos años parecía impensable.
Los datos de opinión pública tampoco favorecen al gobierno. La encuesta nacional de El Financiero muestra que Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación de 67 por ciento, reflejo de la estabilidad política, los programas sociales y una percepción relativamente favorable de la economía. Sin embargo, ese respaldo no se replica en seguridad: apenas 21 por ciento aprueba el desempeño gubernamental en el combate al crimen organizado; 61 por ciento lo desaprueba; 69 por ciento mantiene una opinión negativa sobre la estrategia de seguridad y 52 por ciento considera que la inseguridad sigue siendo el principal problema del país, mientras 19 por ciento identifica a la corrupción como la segunda mayor preocupación nacional.
Ahí es donde el discurso impulsado por Trump encuentra terreno fértil. No necesariamente porque Bill O’Reilly tenga razón al afirmar que el gobierno mexicano ha sido corrupto durante décadas o porque reducir el fenómeno del narcotráfico a una sola causa explique una realidad mucho más compleja. Tampoco porque Estados Unidos pueda evadir su responsabilidad como principal mercado de drogas, origen del tráfico ilegal de armas y uno de los mayores centros de lavado de dinero del mundo.
Lo preocupante es que la evolución del crimen organizado, la expansión del huachicol industrial y la persistente percepción de inseguridad ofrecen argumentos que fortalecen esa narrativa. México tiene fundamentos históricos, jurídicos y constitucionales para rechazar cualquier intervención extranjera. La defensa de la soberanía no admite discusión. Lo que sí está en discusión es la capacidad del Estado para ejercer plenamente esa soberanía.
Porque la mejor respuesta a Donald Trump no será una conferencia mañanera ni un intercambio de declaraciones. Será demostrar, con resultados, que el Estado mexicano puede contener por sí mismo a organizaciones criminales que hoy perforan ductos, procesan combustibles, controlan territorios, infiltran instituciones y operan con capacidades industriales.
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Mientras esa eficacia no se refleje en los hechos, cada aseguramiento de una minirrefinería clandestina, cada laboratorio de drogas descubierto y cada red criminal desmantelada seguirán alimentando el discurso de Washington. No porque Donald Trump tenga necesariamente razón. Sino porque la realidad termina ocupando el espacio que dejan los resultados pendientes.
