A un año de la entrada en vigor de la reforma judicial, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, afirmó que su visión sobre el verdadero objetivo de los cambios impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado.
Durante una entrevista para PulsoMX para presentar su libro Reforma judicial en México del sello Trillas, Cossío aseguró que inicialmente pensó que la reforma buscaba únicamente un mayor control político del Poder Judicial; sin embargo, sostuvo que los acontecimientos recientes lo llevan a considerar que también pudo responder a la intención de proteger a funcionarios ante posibles investigaciones por corrupción.
Al principio pensé que era un ejercicio de apropiación política para quedarse con los jueces. Ahora creo que también fue un mecanismo de protección respecto de todos esos actos de corrupción que están apareciendo”, afirmó.
El exministro señaló que las investigaciones relacionadas con presuntos casos como el huachicol fiscal, Segalmex, el financiamiento ilícito de campañas y otros expedientes han modificado su interpretación sobre el origen de la reforma.
“Hoy me queda claro que un componente muy importante de la acción del presidente López Obrador era generar un blindaje frente a posibles acciones judiciales”, agregó.
“La justicia no ha mejorado”.
Cossío consideró que los primeros doce meses del nuevo modelo judicial no muestran avances en la impartición de justicia y, por el contrario, identificó varios problemas.
Entre ellos destacó el incremento del rezago en los tribunales, la falta de preparación técnica de algunos juzgadores, la ausencia de cambios en ministerios públicos y fiscalías, así como una creciente pérdida de confianza nacional e internacional en las instituciones encargadas de impartir justicia.
A su juicio, la reforma únicamente modificó la forma de nombrar jueces, sin atender los principales problemas estructurales del sistema judicial mexicano.
No se transformaron los procesos ni las instituciones; simplemente se cambió el mecanismo para designar a los titulares mediante procesos político-electorales”, sostuvo.
Advierte impacto en la confianza de inversionistas
Uno de los puntos que más preocupan al ministro en retiro es el efecto que la reforma puede tener sobre la economía mexicana.
Cossío afirmó que la incertidumbre jurídica ya forma parte de los factores que observan los socios comerciales de México, particularmente en el contexto de la revisión del T-MEC.
Según explicó, la falta de confianza en la imparcialidad de los tribunales puede influir en las decisiones de inversión extranjera.
“No es el único factor, pero sí es un componente importante de la pérdida de confianza en México”, señaló.
Riesgo de infiltración del crimen organizado
El exintegrante de la Suprema Corte también expresó preocupación por la elección popular de jueces y magistrados.
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Consideró que las organizaciones criminales tienen incentivos para intervenir en estos procesos con el propósito de colocar juzgadores afines.
“Si para una organización delictiva es relevante tener sus propios jueces, entonces es lógico pensar que intentarán influir mediante dinero, presión o coacción para lograrlo”, advirtió.
“La independencia judicial difícilmente sobrevive”
Respecto al nuevo modelo de elección judicial, Cossío sostuvo que la independencia de los juzgadores resulta difícil de preservar cuando deben hacer campaña para obtener votos.
También criticó el uso de los llamados “acordeones” durante la elección judicial, al considerar que generan compromisos políticos desde antes de asumir el cargo.
“Si alguien aparece en un acordeón es porque alguien decidió colocarlo ahí esperando obtener un beneficio posteriormente”, afirmó.
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Un llamado a evaluar la reforma
Finalmente, el ministro en retiro pidió que la ciudadanía evalúe los resultados reales del nuevo modelo judicial.
Planteó que, si la reforma no cumple con las promesas de mejorar el acceso a la justicia, reducir la impunidad o fortalecer la paz social, deberá discutirse su sustitución por otro esquema.
“Si la reforma no está produciendo los resultados que nos dijeron que produciría, una ciudadanía bien informada tiene el derecho y la obligación de exigir que desaparezca y sea sustituida por algo distinto”, concluyó.
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